El Parlamento Europeo vuelve a poner en solfa a nuestros políticos y jueces. Mientras tanto al pueblo español no le queda mas que seguir aguantando los antojos del político de turno. Una clase política corrupta y una judicatura "parcial", según el Parlamento Europeo, rigen los destinos del urbanismo español. ¿Solo del urbanismo? Va siendo hora de que los políticos honestos salgan a la luz y denuncien a sus compañeros corruptos, sectarios, mediocre y vagos que estan desacreditando la noble profesión que es la política. Hoy en día el desprecio sobre el administrado es practicado por las distintas administraciones que rigen nuestras vidas. Unos por mediocres y otros por consentidores han convertido nuetra democracia en una caricatura del Estado de Derecho en que los españoles creíamos que viviamos.

   Tras el último varapalo europeo a los políticos españoles parece que algo huele mal en España. La Vicepresidenta ya se dió cuenta. Mañana estará en Santander para inaugurar una muestra expositiva sobre la mujer en el Palacete del Embarcadero

tambien al exconsejero Javier del Olmo algo no le olia bien... y al final tuvo que dimitir, su emfrentamiento con la mafia portuaria del Puerto de Santander y la pijería de Santander le pasó factura

   Tambien a Berriolope le llegaba el tufillo...  y entre fuerzas "centripetas" y "centrifugas" en el PSOE de Cantabria, dimitió como portavoz en el Parlamento Cantabro y es que estamos en un pais donde cada día huele peor cierta clase política. 

   Nuestra clase política repleta de chapuceros y corruptos, puestos ahora de manifiesto por el Parlamento Europeo que amenaza con retirar a España sus fondos si nuestros dirigentes siguen practicando la chapuza urbanistica. Si la amenaza se cumple, el que perdera será el pueblo mientras los políticos seguiran cobrando sus haberes millonarios sin ningún sonrojo y ninguna dimisión.

   El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy por una amplia mayoría de 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones un informe que amenaza con congelar los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE. El informe contaba con la oposición de socialistas y populares españoles, que no lograron convencer al resto de eurodiputados de sus respectivos partidos de otras nacionalidades de que votaran en contra.

   Se trata de la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura. La primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.

   La resolución, elaborada por la verde danesa Margrete Auken, pide suspender y revisar todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria. Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.

   Socialistas y populares españoles habían presentado resoluciones alternativas para suavizar el contenido del informe, pero ambas fueron rechazadas. La del PP fue descartada por 393 votos en contra y solo 126 a favor. La del PSOE contaba a priori con el respaldo de todos los socialistas europeos. Pero justo antes de la votación, el laborista británico Michael Cashman anunció que retiraba su nombre del texto del PSOE y pidió que se votara el informe Auken sin cambios. La alternativa socialista fue derrotada por 436 votos en contra y sólo 72 a favor.

   CRUCE DE REPROCHES ENTRE PSOE Y PP

   El PSOE y el PP se culparon mutuamente de la aprobación del informe Auken. Los eurodiputados socialistas españoles, que se abstuvieron en la votación final del texto, aseguraron que el responsable de esta condena es el Gobierno de la Comunidad Valenciana, ya que, en su origen, las críticas del Parlamento se centraron en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV). Ambas se encuentran ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplir la legislación europea sobre contratos públicos.

   "En lo que respecta a la Comunidad Valenciana, si se hubiese cumplido la ley desde un principio, se habría evitado llegar a una situación como la actual", afirmaron los socialistas en un comunicado.

   El PP español voto en contra del informe que condena el urbanismo en España y lo calificó de "aberración legal" porque "tacha a España de república bananera, la califica como un país en el que no se respeta el derecho de propiedad, en el que no existen tribunales a los que recurrir en caso de daños o cuando alguno se pronuncia no se aplican las sentencias".

   "Esa es la imagen de España que los socialistas llevan transmitiendo a Europa durante los últimos cinco años, cuando iniciaron la campaña para derribar al Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana, bajo la premisa del 'todo vale', incluido el desprestigio exterior de España", dijo el eurodiputado popular José Manuel García-Margallo, en un comunicado. García-Margallo también criticó que el Gobierno español tampoco "diera la cara" ante la comisión de Peticiones, que fue donde se elaboró el informe.

   Por su parte, el eurodiputado verde David Hammerstein destacó que "de nada ha servido los intentos desesperados sin argumentos del PP y del PSOE de evitar el reconocimiento político europeo de lo obvio: el modelo español de urbanismo choca con la legislación europea y vulnera los derechos de las personas y del medio ambiente".

   "Ya no valen defensas patrioteras; ahora toca hacer cambios legales y tomar medidas visibles para mostrar a los europeos que el Estado español y los gobiernos autonómicos toman en serio las críticas recibidas a lo largo de los últimos 5 años. Para recuperarse de esta mala imagen y palpable realidad, urge la acción, no palabras defensivas", afirmó en un comunicado.

   En el mismo sentido se expresó el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, que subrayó que "la aprobación del informe ha sido un varapalo a la política especulativa del PP y el PSOE". "El informe reconoce que España ha desarrollado un modelo de crecimiento económico devastador, tanto para el medioambiente como para la propia economía española", insistió.

   AVARICIA Y ESPECULACIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS

   El informe Auken denuncia que "todas las administraciones --central, autonómica y locales-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".

   Resalta que "las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones". Y denuncia "la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción".

   Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria".

   La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".

   El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".

   "Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la justicia española", prosigue el texto.

   Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".

   MODIFICAR LA LEY DE COSTAS

   También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".

   Asimismo, los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor".

   El Parlamento recuerda que la Comisión está facultada a "interrumpir la provisión de fondos estructurales" o suspenderlos a un Estado miembro o una región que vulnere la normativa comunitaria. También resalta que la propia Eurocámara, en tanto que autoridad presupuestaria, puede "colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y los principios que está obligado a respetar".

 El informe preliminar del Parlamento Europeo sobre urbanismo en España amenaza con congelar los fondos comunitarios si no se resuelven los abusos denunciados. La Eurocámara reclama una moratoria sobre los nuevos proyectos de urbanización que no sean sostenibles desde un punto de vista medioambiental y no respeten el derecho de propiedad y la paralización de todos los planes en marcha que vulneren la legislación comunitaria.

   El texto ha sido elaborado por la eurodiputada verde danesa Margrete Auken para la comisión de Peticiones de la Eurocámara y todavía puede sufrir muchos cambios durante su tramitación. Ahora deberá ser enmendado y votado por esta comisión y a continuación se votará en pleno, probablemente en marzo de 2009. Será el tercer informe crítico con el urbanismo en España que apruebe el Parlamento Europeo.

   En el primer debate sobre el borrador que tuvo lugar esta tarde en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, Auken afirmó que "las víctimas de los casos de urbanización extensiva han sufrido continuas violaciones de sus derechos fundamentales" y recordó que la UE tiene "responsabilidades" que asumir en este campo y "ser más contundente".

   Además, la eurodiputada danesa recriminó a la Comisión Europea que diga que "no es competente" en esta cuestión, "cuando --afirmó Auken-- se trata de violaciones de los Derechos Humanos". Por ello instó a Bruselas a "empezar a actuar rápidamente".

   Previamente, el representante de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, José Manuel Severt, insistió en que Bruselas "vela por aplicar correctamente la ley comunitaria en los ámbitos en los que es competente", pero que "no tiene potestad sobre las distintas leyes urbanísticas de los Estados miembros".

   El informe preliminar recuerda que la Eurocámara, en tanto que autoridad presupuestaria, puede congelar los fondos comunitarios "si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro de que ponga fin a violaciones graves de las reglas y principios que está obligado a respetar en virtud del Tratado o de la legislación de la UE" y mantenerlos en la reserva hasta que los problemas se resuelvan.

   Resalta además que también la Comisión Europea podría interrumpir el pago de fondos estructurales e incluso exigir la devolución del dinero que se haya concedido para financiar proyectos que no respeten plenamente las reglas comunitarias.

MORATORIA EN LOS NUEVOS PLANES

   La ponente exige al Gobierno y a las comunidades autónomas que "revisen cuidadosamente toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios para poner fin a los abusos". Reclama además una moratoria en todos los nuevos planes de urbanización que "no respeten criterios estrictos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social y que no garanticen el respeto del derecho a la propiedad de la propiedad legítimamente adquirida".

   En este sentido, Auken justificó durante el debate de este lunes la necesidad de las moratorias que reclama para encontrar una solución porque el Parlamento Europeo no quiere "que sea siempre el Tribunal de Justicia el que tenga que pronunciarse y encontrar la solución".

   La Eurocámara aboga también por "parar y cancelar todos los planes existentes en los que no se han respetado los criterios contenidos en la legislación de la UE, especialmente en lo que se refiere a la concesión de contratos de urbanización y el respeto de las disposiciones sobre agua y medio ambiente".

   Asimismo, se pide a las autoridades nacionales y regionales competentes que pongan en marcha los mecanismos judiciales y administrativos necesarios --en los que se incluya a los defensores del pueblo regionales y nacionales-- para compensar a las víctimas de abusos urbanísticos propiciados por legislaciones como la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) en la Comunidad Valenciana y la vigente Ley Urbanística Valenciana (LUV).

"LAXITUD" EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

   La resolución indica que la falta de claridad, precisión y seguridad jurídica en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos.

   Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica en la que, de nuevo, el ciudadano europeo es la víctima principal, pero en la que el Estado español también ha perdido considerablemente".

   La ponente expresa en el texto su preocupación por el hecho de que las autoridades judiciales en España han demostrado ser inadecuadas y estar poco preparadas a la hora de tratar con el impacto de la urbanización masiva en la vida de las personas.

   A este respecto, el director general de la Delegación de la Comunidad Valenciana en Bruselas, Juan Manuel Revuelta, recriminó a la ponente en el debate de este lunes que se hayan incluido en el texto "afirmaciones erróneas como, por ejemplo, que los tribunales españoles no funcionan". Así, afirmó que los representantes valencianos están "a disposición para cuantas reuniones sean necesarias" y para "trabajar juntos" a fin de "arreglar" esos datos erróneos.

   "Estamos abiertos a hablar de datos, estadísticas y otras informaciones que se puedan mejorar", afirmó Revuelta para añadir que no toleran "que se diga que en España no se respeta el derecho a la propiedad".

   Por su parte, el eurodiputado del PP Carlos Iturgáiz reiteró la petición de que el Gobierno español "explique su postura" ante la comisión de peticiones, como lo han hecho gobiernos autonómicos como el valenciano o el madrileño, "porque hasta ahora no ha dicho nada".

   El eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein también tomó la palabra para reclamar que se acabe con "el salvaje oeste urbanístico" en España, país en el que, aseguró, se han producido unos "pelotazos urbanísticos" que no se han dado "en ningún otro país de la UE".